Columnas

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Cerco Normativo

Colombia necesita un Estado ágil, moderno, transparente que corrija el error histórico de ver al sector privado solo como una fuente de ingresos fiscales y entienda que este es un socio que necesita para la generación de empleos formales, que a su vez es la más importante de las políticas sociales a las cuales podemos aspirar. 

Uno de los mayores obstáculos que tiene el sector privado en Colombia es la inestabilidad jurídica. Las decisiones judiciales, los excesos regulatorios, las circulares abruptas y la ausencia de reglas claras están espantando a inversionistas en sectores estratégicos para el país.

La presión normativa es tan absurda, que en los últimos 16 años se han producido más de 68.000 resoluciones, 17.000 decretos y un poco menos de 3.000 circulares, cada una con implicaciones para el desarrollo de negocios en el país. Así es prácticamente imposible tener un claro entendimiento, monitoreo y adaptabilidad de los procesos económicos a cada una de estas medidas. Si no obramos para que esto cambie, será imposible que exista un marco transparente para que las empresas se expandan y surjan nuevos negocios de manera dinámica.

Como si fuera poco, es absurdo ver el interminable número de ventanillas a las que tienen que acudir los empresarios: la Dian, el Invima, la UGPP, la Anla, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Industria y Comercio, sin mencionar otras de carácter regional como las corporaciones autónomas, las cámaras de comercio e instrumentos como Sayco, Acinpro, entre otros. Esa multiplicidad de ventanillas hace que los trámites sean engorrosos, que se generen costos adicionales y, lo que es peor, terminan generando, en muchos casos, una maraña de peregrinaje burocrático e inclusive de corrupción. Trámites y más trámites se ven en la minería, la ganadería, la industria y el comercio, los restaurantes, el turismo, etc.

Estamos viendo, además, la proliferación de decisiones judiciales donde por la vía jurisprudencial se quieren hacer reglamentaciones a distintos negocios. Hoy las cortes se han convertido en sus intérpretes, llenando vacíos normativos o regulatorios de la ley y generando una interminable incertidumbre.

Ha llegado el momento de actuar y la forma de hacerlo empieza por un Estado eficiente que asuma unas decisiones claras e incontrovertibles. En primer lugar, hay que darles a los sectores condiciones para operar de manera sostenida y sin incertidumbre. Es urgente actualizar el Código Minero para que todos los vacíos regulatorios estén llenados en las propias normas. Tenemos que hacer una revisión de todos los trámites del sector privado ante el Estado y llevarlos a su mínima expresión, creando una Ventanilla Única de Comercio y Emprendimiento (VUC). Esto haría al Estado más ágil, más transparente y con más capacidad de control, reduciendo costos y generando confianza.

Es necesario que desde la Dian disminuyan los tiempos para devoluciones de impuestos y períodos de fiscalización, y que entidades como el Invima puedan otorgar certificados de buenas prácticas de manufactura de manera rápida, sin sacrificar la calidad de la inspección, pero corrigiendo la situación que se vive hoy, en la que empresas competitivas se están tardando doce o catorce meses para recibir unos permisos que les permiten hacer transformaciones industriales y productivas.

Colombia necesita un Estado ágil, moderno, transparente que corrija el error histórico de ver al sector privado solo como una fuente de ingresos fiscales y entienda que este es un socio que necesita para la generación de empleos formales, que a su vez es la más importante de las políticas sociales a las cuales podemos aspirar. Con mayor formalización laboral, el país empezará a tener sistemas de salud, pensionales y tributarios sostenibles, y así consolidar el camino a la equidad.

*Precandidato presidencial CD

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Pecados terminales

Si aplicamos el antídoto a la cadena de errores que está afectando al sector privado, empezaremos el camino de la recuperación.

Son muchos los políticos que hablan de industria y muy pocos los que son coherentes entre los objetivos y los medios para estimularla. Para que la industria prospere se necesita un entorno de medidas económicas que sean coherentes y congruentes, empezando por la estabilidad fiscal. 

En los últimos años, Colombia ha vivido la sumatoria de cinco políticas erráticas que han afectado la confianza industrial y que han limitado su capacidad de progreso. 

El Gobierno hizo una expansión de los gastos permanentes, soportado en una bonanza transitoria de un producto con reservas limitadas. Esta medida equivocada conduce a que, en una caída de los precios, se active la tentación de mayores impuestos. Esas expansiones del gasto, sin una sostenibilidad asegurada, generan grandes desequilibrios fiscales. 

El siguiente efecto de esas malas decisiones tiene que ver con aumentar los impuestos a las empresas y a los consumidores para cubrir la caída de los precios del petróleo, ante la falta de ahorros estructurales. Por ello, las compañías tienen una mayor tarifa de impuesto de renta que el promedio de la Ocde. 

Además, en medio de los altos costos tributarios, se han disparado los excesos regulatorios para el sector privado, como las demoras para resolver trámites ante el Estado. Las empresas tienen que lidiar con múltiples diligencias frente una amplia cantidad de entidades que van desde la Dian, la UGPP, el Invima, y hasta Sayco, sin mencionar las autoridades territoriales. Estos costos encarecen el clima de negocios y alimenta la corrupción. 

A esto se suma la perdida de la seguridad jurídica y el desmonte repentino de incentivos sectoriales. Si las empresas no pueden tener claridad sobre el horizonte de pagos de impuestos o sobre la estabilidad de los beneficios para el desarrollo de sectores con valor agregado, se atemorizan y dilatan decisiones de inversión. La falta de claridad sobre consultas previas, licenciamiento ambiental o la regulación por la vía de decisiones judiciales está creando un clima de desconfianza en momentos de rápida desaceleración.

Para agravar el ambiente, el país no ha tenido una política industrial pensada para insertar al país en las cadenas globales del valor. Hoy, tenemos mercados abiertos por tratados de comercio que no hemos aprovechado y son pocas las empresas y sectores que se han integrado estratégicamente en momentos donde el déficit comercial se ha deteriorado. 

Ante las cinco erráticas decisiones, Colombia tiene que hacer una eliminación acelerada de gastos innecesarios y una reforma profunda a la administración pública que gane eficiencias. Esto, sumado a mejorar la fiscalización tributaria, se debe traducir en menores impuestos que incentiven la inversión, acompañados de un paquete depurado de incentivos tributarios y normas de estabilidad jurídica condicionados a la generación permanente de empleo. Si este esquema es acompañado de una agenda de diversificación exportadora, habrá armonía en las bases de una economía que estimula al sector privado. 

Hasta ahora, el círculo vicioso está ganando la parada, pero si aplicamos el antídoto a la cadena de errores que está afectando al sector privado, empezaremos el camino de la recuperación. 

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¿Dónde está la bolita?

Está claro que en esta narrativa el remedio resultó peor que la enfermedad y hoy no se ve fácil el camino de la recuperación, a no ser que se ponga en marcha una agenda integral. ¿Cuáles deben ser entonces las bases para la recuperación?

La economía colombiana sigue pasando por un momento crítico. Ya no solo se disminuyen las expectativas de crecimiento por parte de organismos internacionales, sino que Anif ha proyectado un crecimiento del 1,5 por ciento para el año 2017, coincidente con la pérdida de confianza de los consumidores y de la industria.

Esta situación es la consecuencia de las malas políticas económicas asumidas por el gobierno Santos. Para nadie es un secreto que durante los últimos 7 años el Gobierno se sintió un país petrolero incrementando los gastos permanentes, soportado por una bonanza transitoria de un producto frente al cual apenas tenemos reservas para menos de 6 años. Por eso al caerse el precio del petróleo el país quedó desnudo y pretendieron cambiar petróleo por un aumento de los impuestos a las empresas y a los consumidores.

Está claro que en esta narrativa el remedio resultó peor que la enfermedad y hoy no se ve fácil el camino de la recuperación, a no ser que se ponga en marcha una agenda integral. ¿Cuáles deben ser entonces las bases para la recuperación?

 

Estado Eficiente y Reforma a la Administración Pública: Tenemos que eliminar todos los gastos innecesarios del Estado y reducir su costo y tamaño haciendo más eficiente la administración pública.

 

Un Estado que apoya al empresario: El Estado Colombiano tiene que ser un socio del desarrollo empresarial del país. Urge hacer una eliminación estratégica de trámites y crear una Ventanilla Única de Comercio y Emprendimiento –VUC-, acompañado de una agilización, de las devoluciones de impuestos, el licenciamiento y el acceso a financiamiento.

Un nuevo sistema tributario: Colombia se merece un sistema tributario asociado con la competitividad, la productividad, la inversión y el ahorro. Las ganancias en las eficiencias del Estado y la reforma a la administración pública deben llevar a que tengamos tarifas más competitivas de renta y consumo, ampliando bases y mitigando los efectos a los más vulnerables con sistemas de devolución con tarjetas bancarizadas.

 

Incentivos tributarios y estabilidad jurídica asociada al empleo: Colombia tiene demasiadas excenciones tributarias que deben ser revisadas para quedarnos con un paquete que brinde estímulo a cambio de la generación de empleos permanentes. Un Estado volcado a estimular el emprendimiento y el desarrollo empresarial debe motivar a cambio la contratación laboral.

 

Cadenas de valor y transformación productiva 2.0: Colombia no está ganando con los tratados de libre comercio y eso requiere acciones profundas. Nuestra agenda de comercio debe ir enfocada en que el país entre en cadenas de valor internacional y que le demos a la industria una agenda de transformación productiva que permita reconvertir esquemas de producción de manera sostenible.

Contratación de transición: Para atender a quienes están en el sistema laboral informal y en el Sisbén se debe aplicar un contrato de transición laboral para que puedan trabajar mientras consolidan la permanencia laboral sin perder la afiliación. De igual manera se debe tener un contrato de enganche juvenil que permita a los jóvenes tener un primer empleo con mayor flexibilidad.

 

Colombia tiene que recuperar urgentemente la inversión y el crecimiento económico y para ello se necesitan ideas claras, simples y al mismo tiempo efectivas. Esta agenda puede ser el camino para enfrentar una espiral de malas decisiones que le deja a Colombia el gobierno Santos.

 

* Precandidato presidencial CD

 

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Aporía vs. minería

Colombia no puede darse el lujo de destruir un ramo necesario para su futuro fiscal y social.

En filosofía la figura de las aporías corresponde a situaciones difíciles de entender o, prácticamente, a callejones sin salida. Muchas veces las aporías surgen de premisas falsas, para llevar el análisis a unos dilemas que no tienen solución. Algo así está ocurriendo en el debate nacional sobre la minería, en cual unas voces quieren simplificar la discusión en falsos dilemas como minería o agua, minería o biodiversidad, minería o vida, haciendo de estas situaciones el detonante central de las consultas populares que se han planteado para rechazar proyectos de explotación. 

La minería es un sector importante de nuestra economía. Genera empleos formales, es uno de los mayores dinamizadores de inversión extranjera directa, es fuente vital de regalías y, además, tiene un amplio consumo de bienes y servicios de la sociedad. 
Adicionalmente, no existe una sola minería, hay manifestaciones de subsistencia, artesanal, pequeña, mediana y grande, que deben ser juzgadas con raseros distintos. 

Colombia no es un país minero, pero sí un lugar con un elevado potencial minero. Si bien tenemos menos del 3 por ciento de las reservas mundiales de carbón, poseemos el 80 por ciento de las reservas del mineral en la región de Latinoamérica y el Caribe. Lo cierto es que, en oro, níquel y otros productos, Colombia tiene un gran futuro, si se logran insertar en cadenas de valor. 

Los verdaderos desafíos del sector no son los que quieren plantear los promotores de la aporía. Existe una grave informalidad por cuenta de la cual se pierden muchos recursos que deberían ingresar al país a través de regalías. El 63 por ciento de las unidades de producción minera en el país no tienen un título minero. El 72 por ciento de las unidades tienen menos de siete trabajadores que, por lo general, son informales. En el caso del oro, 87 por ciento de las unidades de producción minera no cuenta con título. 

Esa informalidad e ilegalidad que existen en el sector afecta la situación ambiental del país, generando un efecto dominó en deterioro del recaudo tributario, afectando el medioambiente y los sistemas de ordenamiento territorial. Basta con entender que el 76 por ciento de las unidades de producción minera no cuenta con permisos ambientales. 

Hay que tener en cuenta esos elementos, de lo contrario estamos enfocando el problema donde no es. La minería legal de pequeña, mediana y gran proporción no pueden juzgarse con un lente único, y mucho menos el país puede darse el lujo de destruir un sector necesario para su futuro fiscal y social de la nación.

Colombia necesita fortalecer su sector de minería con una agenda clara y en función de la armonía que debe existir entre el desarrollo minero y las condiciones de vida de las comunidades, al igual que la protección de los ecosistemas. 

¿Cuál es la agenda minera que necesita Colombia? 

1.Formalización minera diferenciada: es fundamental que en el país exista un registro único minero que incluya a los artesanales, pequeños y medianos, y que permita esa formalización mejorando los estándares ambientales y sociales de manera gradual, basado en incentivos.

2.Reforma urgente al sistema de regalías: la última reforma a las regalías generó un daño enorme a las regiones productoras, reduciendo del 80 al 20 por ciento la repartición de las mismas. Una reforma ideal debe dejar 50 por ciento en las regiones productoras y 50 por ciento para una distribución nacional. 

3.Fortalecer la agenda social y ambiental con las comunidades sin alterar la estabilidad jurídica: los proyectos mineros deben gozar de mejores estándares ambientales y sociales en diálogo con las comunidades, pero una vez otorgadas las licencias ambientales y de haber adelantado las consultas previas, debe garantizarse la estabilidad jurídica de los proyectos, advirtiendo que deben prohibirse la explotación en zonas de alto valor ambiental. El Gobierno debe mejorar las capacidades de supervisión para evitar que se presenten afectaciones sociales y ambientales, las cuales deben tener efectivas sanciones. 

4.Actualización normativa y transparencia regulatoria: Colombia tiene que modernizar y actualizar la normatividad minera, y no dejar que los vacíos regulatorios se definan en los tribunales. Esos vacíos generan incertidumbre e impiden una normatividad transparente.

5.Agenda nacional de cierre minero: los proyectos mineros deben tener una agenda clara de su periodo de cierre y poscierre minero. Esto permite planificar proyectos de reforestación, aforestación y uso alternativo. 

6.Lucha frontal contra la minería criminal: la producción minera para el servicio de grupos armados y criminales debe ser desmantelada, y acelerar la confiscación y extinción de dominio de la maquinaria empleada. 

7.Integrar las cadenas de valor en el territorio nacional: es importante para Colombia que, en el caso del oro y de las esmeraldas, se pueda fortalecer la cadena de valor con la joyería orientada al mercado nacional e internacional. 

Son muchos países los que han hecho de la minería una parte importante de su agenda de desarrollo, y Colombia no puede ser la excepción. La minería puede y debe adelantarse con los más altos estándares sociales y ambientales, pero debemos ir formalizando a los pequeños productores y facilitando su organización productiva. 
Quienes quieren fomentar la aporía para destruir la minería condenan al país al subdesarrollo, o lo que es peor, evitan que la riqueza del subsuelo sirva para enfrentar la pobreza del suelo.

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Con narcotráfico, ni pío

El propósito de una sociedad que le cierra las puertas a las drogas es perfectamente viable. Colombia necesita una agenda integral para hacerle frente a este desafío basada en estos cinco pilares.

El narcotráfico es un veneno para la sociedad colombiana. Por cuenta de esta actividad criminal no solo se destruyen miles de hectáreas de selva tropical húmeda, deteriorando nuestro ecosistema, sino que, por su vínculo pernicioso con las cadenas de lavado de activos, se generan torrentes de contrabando que distorsionan precios y afectan a miles de colombianos que emprenden sus negocios honorablemente. El narcotráfico estimula el deterioro institucional, porque fomenta la corrupción, y genera nefastos efectos en la población consumidora, siendo fuente de violencia y pérdida de estabilidad familiar.

Bajo estas consideraciones, no podemos ser indiferentes a la realidad. Los cultivos ilícitos han pasado en los últimos años de 62.000 a 146.000 hectáreas, y los acuerdos con las Farc han convertido al narcotráfico en un delito amnistiable y permitido que la erradicación y sustitución sean una tarea voluntaria.

La actitud del Gobierno, como es su costumbre, es minimizar o eludir los problemas. En ese sentido, apela al argumento que la lucha global contra las drogas se perdió. Esta retórica, que busca abrir las puertas a la legalización, olvida que la superficie de la tierra tiene 148 millones de km2, y el área sembrada global de cultivos ilícitos no supera los 5.000 km2. No considera que los adictos a la cocaína, en un planeta con más de 7.000 millones de habitantes, no superan los 40 millones, según Naciones Unidas.

El propósito de una sociedad que le cierra las puertas a las drogas es perfectamente viable. Colombia necesita una agenda integral para hacerle frente a este desafío basada en estos cinco pilares.

La siembra: Tenemos que hacer obligatoria la sustitución y la erradicación, apelando a herramientas como la aspersión aérea focalizada, las unidades móviles de erradicación manual y la genética. En sustitución hay que retomar las familias guardabosques, en zonas de reserva, y en el caso de la frontera agrícola, de esquemas de asociación productiva, unidos a cadenas de valor.

Producción: Es urgente que los países productores de precursores químicos entreguen información veraz y en tiempo real de sus inventarios y órdenes de despacho, para impedir que estén al servicio de la ilegalidad. Y se requiere de fuerzas de tarea especializadas para desmontar los laboratorios que existen en el país.

Comercialización: Hay que darle aplicación inmediata al Acto Legislativo 02 del 2009, que prohibe la dosis personal, empleada por jíbaros para manejar pequeñas dosis que terminan induciendo al consumo a miles de niños y adolescentes. Es necesario fortalecer los mecanismos de extinción de dominio, con más jueces y con procedimientos más ágiles, y ser implacables en el desmonte de la cadena estructural del lavado de activos y fortalecer la extradición.

Consumo: Urgen campañas de prevención desde la familia, habilitando escuelas de padres para que desde la casa se tomen precauciones. Desde el colegio es necesario recuperar la formación cívica y de salud preventiva. Y son fundamentales la profundización de la jornada única y los espacios culturales y deportivos para que el ocio no sea terreno fértil para el consumo.

Adicción: Necesitamos mecanismos de cooperación entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil para tener programas efectivos de rehabilitación y tratamiento.

Lo peor que podemos hacer como nación es caer en discursos complacientes y permitir que este mal crezca en detrimento de la sociedad. Colombia no solamente es un país productor, miles de jóvenes son consumidores. Hoy más que nunca necesitamos una agenda estructural y estratégica, porque mientras haya narcotráfico existirán muchos males que nos impedirán pensar en grande hacia el desarrollo.

*Precandidato presidencial CD

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Fracasos presidenciales

Para eludir la discusión de fondo, el gobierno sale a decir que estamos mejor que el resto de la región en términos de crecimiento.

La prestigiosa analista Elaine Kamarck, publicó el año paso un libro titulado Por qué fracasan los Presidentes (Why Presidents Fail), en el que hace un juicio minucioso de las razones por las cuales los jefes de Estado comenten graves errores. En su trabajo, concentrado principalmente en Estados Unidos, se examinan situaciones como la crisis de los rehenes en Irán, que casi acaba con la presidencia de Jimmy Carter, las causas de Septiembre 11, la crisis financiera del 2009, entre otros. 

Para Kamarck, el éxito de un buen presidente consiste en la articulación de buenas políticas públicas (Policy), la gran capacidad de comunicación y una buena ejecución de su agenda. Bajo esos patrones, queda claramente explicado que los gobernantes que se concentran exclusivamente en la comunicación, dedicándose a anuncios y eslóganes, olvidándose de la planeación y la ejecución, son propensos a grandes fracasos. 

De otro lado, es evidente que el no escuchar las voces de quienes discrepan de sus agendas es otra grave condena al fracaso. Esa actitud arrogante los conduce al adanismo, a generar faltas grandes de sinceridad en los equipos de trabajo y, por supuesto, a dejar de medir adecuadamente todos los costos e implicaciones de las políticas que promueven.

¿Puede, entonces, este libroaplicarse a Colombia? La respuesta es sí, y con mayor precisión al manejo económico del Gobierno. Para nadie es una mentira que la situación económica que vive el país no es buena. Tuvimos un primer semestre preocupante, en el cual la confianza de los consumidores y la industria siguen seriamente afectados, la desaceleración se ha acentuado y las expectativas de crecimiento se han reducido por parte del FMI, analistas del mercado y del propio gobierno, situándose cerca del 2 por ciento para el año 2017.

Gran parte de la desconfianza que reina en el país está soportada en un gobierno que, por sustituir una bonanza petrolera con impuestos, condujo al país a que tengamos tarifas de renta corporativa que están por encima del promedio de la Ocde y que el aumento de los impuestos al consumo afecte el bolsillo de la clase media y los hogares más vulnerables. Estas dos condiciones conducen a una realidad en la cual las empresas se sienten asfixiadas y en donde crecen los incentivos al contrabando. 

Lo grave de esta etapa que estamos atravesando es que las cosas fueron advertidas por dirigentes gremiales y políticos, pero el gobierno desestimó las voces y se ubicó a la defensiva, con la actitud del adicto que no quiere reconocer el problema. Y como si fuera poco, las autoridades económicas se dedicaron a lanzar iniciativas como el Pipe, el Pipe 2, y más recientemente Colombia Repunta, que no han generado ninguna recuperación efectiva.

Ahora, para eludir la discusión de fondo, el gobierno sale a decir que estamos mejor que el resto de la región en términos de crecimiento. Parece que no se ha enterado de que nuestro déficit fiscal es superior al de Perú, México y Chile, que también superamos a las mismas naciones en déficit de cuenta corriente, y que al cierre 2016 superamos en inflación a los países de la Alianza del Pacífico. 

Luego de haber tenido la mayor bonanza petrolera de nuestra historia, la política económica del gobierno Santos ha fracasado, sin lugar a dudas, por las mismas razones descritas por Elaine Kamarck.

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Opiniones y Hechos

Tener la posibilidad de evaluar resultados es el camino para un debate civilizado que permita a nuevas generaciones definir sus posturas políticas.

Alguien dijo alguna vez que “en política se tiene derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propios hechos”. Tal vez esta frase sirve de reflexión sobre una conversación que tuve en un foro donde surgieron comentarios cargados de ataques y desinformación, refiriéndose al gobierno de Álvaro Uribe. 

Una persona me expresó haciendo referencia a algunas columnas de opinión: “Ustedes son los promotores del paramilitarismo y aman la violencia”, además de haber “destruido la economía colombiana” e incluso de haber abandonado la política social. 

Este tipo de afirmaciones que muchas veces han sido originadas o repetidas por opinadores que podrían escudarse siempre en la libertad de expresión y tienen un elemento común: no están soportadas en la evidencia y presentan grandes contradicciones. 

Cuando abordé la conversación sin sobresaltos y para responder los interrogantes, me concentré en exponer los hechos. ¿Promotores del Paramilitarismo? Entre 1986 y 1990 los grupos paramilitares tuvieron una gran etapa de consolidación. Paso seguido, entre 1990 y 1994 vino la mayor profundización de sus vínculos con el narcotráfico. Así mismo entre 1994 y 1998 se crean las Autodefensas Unidas de Colombia, fortaleciendo esas tenebrosas estructuras criminales y entre 1998 y el 2002 arrecian sus acciones terroristas y presencia mediática.

Claramente, acusar a cualquiera de los presidentes en ese periodo de promotores del paramilitarismo sería injusto. Pero luego de examinar la cruda evidencia, acusar al gobierno que desmovilizó a miles de ellos, sometió ante la justicia a sus estructuras de mando y extraditó a sus principales cabecillas es no solamente injusto, sino incoherente.

¿Destructores de la economía? Durante el periodo 2002 y 2010 se adelantó una agenda agresiva de recuperación económica que permitió que las exportaciones se triplicaran, que el PIB per cápita tuviera una rápida expansión y que se triplicara la inversión extranjera directa (IED), trayendo enormes beneficios para el país. 

Esta misma situación permitió que la política social pudiera reducir la pobreza monetaria del 50 al 37 por ciento, que la tasa neta de matriculados en educación básica y secundaria creciera del 59 al 70 por ciento, que se ampliara la cobertura de transferencias condicionadas a los hogares más vulnerables y que el régimen subsidiado de salud llegara a los lugares más apartados de Colombia. 

¿Amantes de la violencia? La agenda de seguridad entre el 2002 y el 2010 permitió reducir los homicidios en cerca de un 50 por ciento, los secuestros en casi un 80 por ciento y las acciones terroristas en un 70 por ciento. 

Enfrentar el crimen y reducir su capacidad de daño es todo menos amar la violencia, es consolidar la seguridad como un bien público para el ejercicio de las libertades. 
Este tipo de conversaciones deben servir para que los hechos contribuyan a formar opiniones en la sociedad. Nadie está obligado a pensar como otros ni mucho menos a compartir las mismas opiniones de otros. Sin embargo, tener la posibilidad de evaluar los resultados es el camino para un debate civilizado que permita a las nuevas generaciones definir sus posturas políticas, con un claro contexto de la historia nacional, y no desfigurada por pasiones enceguecidas. 

Nuestra franca conversación concluyó por parte de mi interlocutor reconociendo que sobre Álvaro Uribe y su gobierno podrán existir muchas opiniones en las que nunca estaremos de acuerdo, pero los hechos son suficientes para reconocer que dejó como legado un mejor país.

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Castigo Ejemplar

Hoy debemos unirnos para defender la democracia en el continente y decir de una vez por todas que no toleraremos un sátrapa que pretende impunemente intimidar a un pueblo.

Hace quince años, el 1 de Julio del 2002, entró en vigencia en Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional. Ese importante instrumento internacional —que cuenta con 124 países, unidos para que no queden en la impunidad crímenes de lesa humanidad— tiene grandes desafíos con relación a su futuro y su efectividad.

Hasta el momento la CPI cuenta hoy con 24 casos, de los cuales 5 están en etapa de juicio, 1 en apelaciones y 3 en etapa de reparaciones. A su vez, existen 6 personas privadas de la libertad por sanciones o etapa procesal avanzada, y existen 14 sospechosos bajo su persecución, investigación o detención. Para muchos existe la preocupación de que hasta ahora la gran mayoría de los casos se encuentran concentrados en África y se requiere más celeridad para investigar y sancionar.

Dicho esto, lo que ha venido ocurriendo en Venezuela es una oportunidad única para que la CPI actúe con efectividad en un país donde un régimen tiránico está cometiendo de manera sistemática crímenes de lesa humanidad. Al examinar el artículo 7 del Estatuto de Roma y compararlo con los deleznables acontecimientos que están ocurriendo en nuestro vecino país, no hay duda que es el momento de actuar por parte de la comunidad internacional.

Curiosamente, según el artículo 13 del Estatuto de Roma, las denuncias contra los responsables de los delitos de lesa humanidad pueden venir de un Estado Parte, del Consejo de Seguridad o de la propia Fiscalía ante la CPI. Aunque los hechos son evidentes y el régimen opresor actúa sin límites para reprimir a todo un pueblo, ni los países miembros, ni la máxima autoridad del Sistema de la ONU han activado su atribución.

Por esa razón y ante la urgente necesidad de evitar mayores crímenes y sancionar a los responsables, congresistas de Colombia y Chile nos unimos para apelar al artículo 15 del Estatuto de Roma y llevar directamente ante la Fiscalía de la CPI un documento de denuncia contra Nicolás Maduro. Con ello pretendemos que se pueda declarar a Venezuela como un país bajo observación y que se abra una investigación formal al tirano.

La evidencia es incontrovertible. La dictadura de Venezuela, en cabeza de Maduro, ha cometido crímenes como asesinato, tortura, persecución a grupo poblacional con identidad propia, desaparición, arrestos irregulares, entre otras conductas. Todas estos comportamientos contenidos en el Estatuto de Roma han sido denunciados públicamente, no solo por quienes presentamos el documento en La Haya, Reino de Holanda, sino por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, además del propio Secretario General de la OEA.

En el caso de Venezuela, la complementariedad o subsidiariedad de la Corte no puede ser invocada, porque no existe un poder judicial independiente para investigar y sancionar las conductas de Maduro y su régimen, ya que se encuentra totalmente cooptado. Además, como quedó en evidencia en septiembre de 2013, al denunciar el Pacto de San José para eludir la responsabilidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Maduro pretende evitar responder por graves violaciones a los Derechos Humanos.

Lo que hay en Venezuela es una tiranía y un tirano que deben ser enfrentados por la comunidad internacional. Ojalá que la denuncia que presentamos sirva para que otros congresistas del mundo se sumen a ella y que los jefes de Estado de los países miembros del Estatuto de Roma asuman una actitud valiente y una obligación moral para que existan investigaciones y sanciones efectivas.

Hoy debemos unirnos para defender la democracia en el continente y decir de una vez por todas que no toleraremos un sátrapa que pretende impunemente intimidar a un pueblo.

Precandidato presidencial Centro Democrático 2018.

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El desafío de la Aftosa

Las consecuencias que estamos viendo hoy producto de la aparición de esta estruendosa enfermedad, ha llevado a que se cierren mercados para cárnicos en distintos países como Perú, Panamá, Ecuador y Chile.

Hace casi un mes se detectó un brote de fiebre aftosa por parte del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Ese primer brote, identificado en Tame, Arauca, detonó el sacrificio de casi trescientos animales y un riguroso examen de miles de reses más.

Con posterioridad se han detectado otros brotes, como el que ocurrió en Yacopí, Cundinamarca, donde se identificaron más de cien animales infectados. Esta situación es muy grave para Colombia que, en los últimos años, se había consolidado como un país libre de aftosa.

Las consecuencias que estamos viendo hoy producto de la aparición de esta estruendosa enfermedad, ha llevado a que se cierren mercados para cárnicos en distintos países como Perú, Panamá, Ecuador y Chile. También hay que señalar que mercados para la exportación de leche, como México, se están viendo seriamente afectados.

¿Cómo llegamos a esta situación? Para resolver la pregunta valdría la pena analizar la vigilancia, los controles y la cultura nacional de vacunación.

En materia de vigilancia, la frontera con Venezuela representa una gran amenaza. No solamente porque se trata de una frontera porosa, sino porque las circunstancias económicas de Venezuela han llevado a que se puedan comprar animales por un valor cercano a los 500 mil pesos colombianos y ser vendidos luego en nuestro país por cifras que van desde los 3 hasta los 5 millones de pesos. Esos altos márgenes de ganancia —en momentos de desaceleración económica en Colombia y de deterioro económico profundizado en Venezuela— hace que ese ganado entre de contrabando al país creando a su vez una peligrosa cadena de corrupción donde termina afectándose, de manera estructural, la capacidad de controlar la llegada a nuestro país de animales procedentes de una república que no tiene los más altos estándares en materia de vacunación y que, además, se ha caracterizado por no ser un territorio libre de aftosa.

En términos de control, para la movilización del ganado se requiere en nuestro país la emisión de unas licencias de movilización que bien valdría la pena preguntar si están siendo lo suficientemente rigurosas como para evitar que ese ganado que entra de contrabando se mueva por todo nuestro territorio generando riesgos para la expansión progresiva de este virus.

También hay que reconocer errores en la política sectorial por la ruptura de cooperación institucional entre el Ministerio de Agricultura y el gremio ganadero y, obviamente, por las afectaciones en términos de la estabilidad operativa del gremio en la prevención y control de la aftosa.

Pero más allá de estos factores de ilegalidad y de ruptura institucional, no es menos cierto que es necesario fortalecer los instrumentos para consolidar una cultura de vacunación. Eso implica que se cumpla a cabalidad la vacunación de la totalidad de inventarios en las fincas ganaderas. También, que la vacunación no se vea afectada en el caso del ganado recién inseminado o los ganados gordos próximos a sacrificios, donde muchos ganaderos prefieren no hacerlo.

Que haya un brote de aftosa, con las consecuencias que esto conlleva a un sector tan importante para la economía como el ganadero, en pleno siglo XXI y tras años de control de este virus, es una vergüenza para el país y una alerta para un sector que sigue siendo relegado por un gobierno que tiene otras prioridades. El Gobierno debe responder y las autoridades que permitieron esto, también deben hacerlo.

http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/el-desafio-de-la-aftosa-LJ6920490

 

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Ilusionismo y marco fiscal

No abordar soluciones estructurales en este último año de mandato es una irresponsabilidad que nos conducirá a la perdida del grado de inversión.

Algunas agencias calificadoras de riesgo han empezado a expresar su desconfianza con la situación fiscal del país. ¿A qué se deben las alertas? A que el discurso de austeridad inteligente del Gobierno parece una gran ilusión, como lo evidencia el último Marco Fiscal de Mediano Plazo, presentado por el Gobierno.

Para empezar, el Gobierno, a través del Ministro de Hacienda, viajó por todo el mundo hablando del ‘dividendo económico de la paz’ y argumentando que, con la firma del acuerdo con las Farc, vendrían un par de puntos de mayor crecimiento del PIB. Como cosa curiosa, el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2017 contradice esas afirmaciones, al mostrar que el crecimiento potencial de nuestra economía, después de la firma y durante los próximos años, será del 3,8 por ciento, por debajo del crecimiento potencial proyectado en los cinco Marcos Fiscales anteriores a la firma e implementación de los acuerdos.

De igual manera, es poco confiable que el Gobierno plantee, como proyección, que los precios de largo plazo del petróleo para los años 2017, 2018, y en adelante estarán por encima de los 60 dólares, cuando las tendencias internacionales muestran otras realidades. Para eludir la responsabilidad, el Ministro de Hacienda sostiene que esa proyección viene de los expertos de la Regla Fiscal, pero no dice que la fórmula 4-1-4 (Cuatro años anteriores, año presente y los próximos cuatro), como mecanismo de cálculo de precio de petróleo está mandado a recoger, porque asume condiciones de una bonanza extraordinaria que hoy no tiene vigencia. 

El Gobierno también proyecta niveles de crecimiento por encima de las expectativas de los analistas y, para colmo, trata de hacerse el de la vista gorda con aspectos tan delicados como que las vigencias futuras, que son deuda no contabilizada como deuda, supera los 85 billones de pesos, sin hacer parte de los cálculos de compromisos crediticios en la Regla Fiscal. 

Pero la mayor causa de preocupación por parte de las calificadoras radica en que, para cumplir con los objetivos de la Regla Fiscal, el próximo gobierno debe reducir el déficit fiscal del 4 al 1 por ciento del PIB, en momentos en los que crecen las presiones de gasto y no se vislumbran fuentes estructurales de nuevos ingresos, advirtiendo que las promesas de reducción del déficit, por cuenta de las últimas reformas tributarias, tampoco se ven. 

Estas inquietudes aparecen cuando la industria no levanta cabeza, la confianza de consumidores y empresarios se mantiene baja, la inversión en el sector minero-energético se encuentra amenazada por la incertidumbre jurídica y los costos del ‘posconflicto’ entran en disputa por recursos fiscales con la salud, educación e infraestructura. 

El Gobierno está jugando con candela, al dejar incubado un serio problema fiscal para que sea resuelto por la próxima administración. No abordar soluciones estructurales en este último año de mandato es una irresponsabilidad que nos conducirá a la perdida del grado de inversión. ¿Qué espera el Gobierno para actuar? Ojalá Santos no nos deje, como en la Estrategia del Caracol, “la (…) casa pintada”, y los demás lidien con la bomba de tiempo que nos deja.

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Cerrar la brecha

Dentro del paisaje de este mágico lugar, próximo al río Sinú, sobresale una obra que pareciera un "homenaje" a la clase política tradicional de nuestro país. Se trata de un puente vehicular de un solo carril que tiene como antesala un anuncio que dice:“Semáforo Humano”. Columna de El Colombiano 9 de julio de 2017. 

 

La Doctrina es un corregimiento ubicado en la profundidad de la costa norte de Colombia que se encuentra en el departamento de Córdoba, rumbo al municipio de San Bernardo del Viento. Su gente es cálida y cuenta con un privilegiado distrito de riego que permite acompañar las iniciativas de desarrollo rural.

Esta tierra maravillosa hace parte de otra Colombia. Un lugar donde las brechas sociales se acentúan y donde la pobreza y la falta de bienes públicos de calidad pareciera que condenan a sus habitantes a una trampa sin salida que los aleja de las oportunidades. Al igual que otras regiones apartadas, en La Doctrina se ve con admiración el talante de sus habitantes, la capacidad de sobreponerse a las adversidades y no dejar de transmitir un emocionante sentimiento de felicidad que mantiene viva la ilusión posible del progreso.

Dentro del paisaje de este mágico lugar, próximo al río Sinú, sobresale una obra que pareciera un homenaje a la clase política tradicional de nuestro país. Se trata de un puente vehicular de un solo carril que tiene como antesala un anuncio que dice:

“Semáforo Humano”, para informar que ante el absurdo diseño del puente existe una solución comunitaria. En la parte alta del puente —único lugar desde el que se puede tener perspectiva del tráfico en cada extremo, gracias a su accidental diseño— una persona que reclama propina por su servicio, da la vía a cada lado del puente con una bandera roja y otra verde, apelando a los colores y señales del semáforo.

¿Qué pasó con el puente? ¿Fue diseñado así? ¿Se hizo sin apropiar los recursos necesarios para dos carriles? ¿Se robaron la plata? Esas son las preguntas que diariamente se hacen los pobladores y conductores que celebran el ingenio de los habitantes ante el desgreño administrativo.

Esa realidad de La Doctrina es una realidad en todo nuestro territorio. Las brechas entre el campo y las ciudades son abismales. Las brechas entre la mayoría de la población y las minorías étnicas y las brechas entre estratos sociales para acceder a bienes públicos son marcadas y agudas y si no las corregimos con políticas de Estado de largo plazo son una bomba social.

La agenda de equidad que debe abordar Colombia demanda en efecto que mejoremos la educación y la salud para que, en corregimientos como La Doctrina, mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Pero cerrar la brecha implica que la política cambie y que la corrupción pueda ser derrotada porque este cáncer medra cual rémora los recursos públicos evitando que cumplan su propósito cuando se asignan.

Cerrar la brecha en esta Colombia requiere inversión privada en el desarrollo agroindustrial que genere asociaciones con pequeños productores que dinamicen el empleo y que consoliden ingresos permanentes. Para que la inversión llegue a La Doctrina se necesitan incentivos asociados con la generación de empleos permanentes y cadenas productivas, al igual que permitir que algunos impuestos se puedan pagar con obras en beneficio de la comunidad y con el liderazgo de la comunidad.

La construcción de la equidad en nuestro país requiere pensar y actuar en esa otra Colombia de gente maravillosa y con deseos de salir adelante, pero que, muchas veces, termina siendo condenada al abandono por los mismos políticos que reclaman aplausos y gratitud por un puente mal construido.

Nuestra tarea por delante es cerrar la brecha y no podemos desfallecer en ese empeño, trabajando con las mismas comunidades que ante los errores de sus dirigentes han hecho posible un semáforo humano en pleno siglo XXI.

http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/cerrar-la-brecha-DJ6874353

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Ciudades inteligentes, sostenibles y creativas

Colombia está dominada por urbes grandes, pequeñas y emergentes en medio de una pésima planeación, la cual termina afectando, la calidad de vida. Columna en diario Portafolio  del 6 de julio de 2017.

 

El mundo está dominado por las metrópolis, las cuales cada día adquieren más importancia. La gran mayoría de la población mundial vive en urbes, y la forma como estas manejen la seguridad, la movilidad, el medioambiente y la conectividad, determinará el grado de progreso o de atraso de un país. 

En Colombia, nuestras ciudades no están bien planeadas. Muchas se expanden de manera irresponsable, no contemplan zonas verdes, carecen de una agenda integral para el manejo de desechos sólidos, no están proyectando vías suficientes ni alternativas de transporte masivo a la explosión de oficinas y residencias y, lo que es aún más desafiante, no tienen previsto cómo van a garantizar un manejo efectivo del agua. 

Ante nuestros ojos vemos metrópolis mal planeadas que siguen creciendo y urbes emergentes que antes, bajo el criterio de municipios, no planearon su rápida expansión. Colombia es un país de ciudades y estamos fallando en una verdadera estrategia para el desarrollo territorial. 

Hoy más que nunca, tenemos que afrontar nuestra realidad y eso implica apostarle a 8 estrategias integrales, o, de lo contrario, nuestro modelo urbano puede colapsar: 
Seguridad integral: la seguridad urbana requiere hoy más inteligencia para desarticular redes de crimen organizado, y para ello son vitales el trabajo con las acciones comunales, los consejos barriales de seguridad, con redes de informantes, y el empleo de tecnologías como cámaras y sensores de sonido. Estas acciones deben ir de la mano con programas de prevención y minimización de riesgos, entre los que se encuentra la desarticulación de aceleradores del delito como las drogas, el abuso de alcohol, las zonas de tolerancia o el porte ilegal de armas. 

Bancos de tierras: las ciudades deben crecer con orden y con un sentido de futuro asociado con el acceso a servicios públicos, y, por supuesto, la no afectación estructural del medioambiente. Deben tener bancos de tierras que repliquen la experiencia de ‘Metro Vivienda’ en Bogotá, para la adquisición de predios y la integración de los mismos a la expansión urbana futura.

Movilidad y calidad del aire: las urbes están llamadas a encontrar medidas de transporte masivo, transporte compartido y mejor acoplamiento de lugares de trabajo con zonas residenciales para estimular vehículos alternativos y menores tiempos de desplazamiento. Esta agenda de movilidad hace parte también de una visión de calidad del aire y, desde luego, de vida. En cuanto a vías, es urgente combinar sistemas de Transmilenio, metro, y viaductos subterráneos o elevados. Por supuesto, ampliar incentivos al car pooling y otros sistemas colaborativos combina adecuadamente los mecanismos.

Conectividad y acceso gratuito a banda ancha: la cobertura de banda ancha en ciudades debe ser vista como una premisa fundamental. Permitir que todos los sistemas de transporte masivo tengan wifi ayuda a tener conectividad gratuita en periodos de prolongados de desplazamientos. Habilitar y promover espacios de coworking y tele trabajo, también hacen parte de una agenda futurista para disminuir la huella individual de carbono. 

Manejo inteligente de residuos sólidos: nuestras metrópolis están obligadas a cambiar la idea tradicional de los botaderos de basuras. Hacia el futuro es urgente que le apostemos a la destrucción inteligente y el empleo de tecnologías de plasma para la generación de energía. Esto no solo mejora la planeación urbana y la calidad de vida, sino que permite un uso energético favorable con las comunidades. 

Zonas verdes y pulmones urbanos estandarizados: las urbes deben irse diseñando con pulmones verdes que mejoren la calidad de vida de las comunidades. Estos deben ser también espacios con acceso a la cultura, la creatividad, la banda ancha, el deporte. Las administraciones locales deben ser rigurosas en los mínimos de espacios verdes en todos los procesos de construcción. 

Mejores barrios y mejores viviendas: Colombia debe apostar a que en los próximos cuatro años se puedan mejorar cerca de 600.000 viviendas en los barrios más vulnerables del país. Con cerca de tres billones de pesos, menos de lo que se destinó para 100.000 casas gratis, podemos llegar a hogares con titulación, mejoramiento de pisos, techos, baños y cocinas, al igual que cobertura de servicios públicos y calidad del agua. 

Cultura para todos: parques, bibliotecas, museos, cinematecas, espacios de espectáculos públicos deben ser parte del desarrollo cultural de la comunidad. La programación, promoción y estímulo a los lugares urbanos para la democratización de la cultura ayuda estructuralmente a formar un verdadero sentimiento de comunidad.

Colombia está dominada por ciudades grandes, pequeñas y emergentes en medio de una pésima planeación, que termina afectando de manera grave la calidad de vida. Una agenda cimentada en estas ocho estrategias debe hacer parte del próximo Plan de Desarrollo para que entendamos que del futuro de las ciudades va a depender el éxito que tengamos como país.

 http://www.portafolio.co/opinion/ivan-duque-marquez/ciudades-inteligentes-sostenibles-y-creativas-analisis-507433

 

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El otro engaño

Permitir que los jerarcas de las Farc sean elegibles sin que pasen por la justicia es una afrenta a todo un país. Ojalá en lugar de mantener el sigilo el Presidente le diga la verdad al país. Columna del senador Iván Duque en El Colombiano.

En días pasados me encontré con un amigo que votó por el sí en el Plebiscito del pasado 2 de octubre. Nuestra conversación giró alrededor de la participación política de las Farc y me indicó que los cabecillas de esa organización solo podrían presentarse a elecciones después de pasar por la “Justicia Especial para la Paz” y de cumplir con las sanciones transicionales que les fueran impuestas. Mi amigo me reiteró que por esa razón había votado sí y que además había sido el propio Presidente de la República quien expresó que así serían las condiciones para la entrada de las Farc a la democracia.

Al igual que mi amigo, muchos de los colombianos que votaron sí lo hicieron sobre la base de ver a los cabecillas de esa organización terrorista entrar en la política luego de haber pasado por los tribunales bajo los principios de verdad, justicia y reparación. Lo que ocurre es que los hechos muestran otra cosa y se está configurando un engaño más del Gobierno a todo un país.

¿Cómo opera el engaño? Para empezar, las órdenes de captura de los cabecillas ya fueron levantadas y en la creación de la JEP queda claro que ninguna sanción puede afectar los derechos políticos de los procesados. Así las cosas, los cabecillas de las Farc podrán presentarse a las elecciones del año 2018 sin haber sido investigados y sancionados por la justicia especial configurada a la medida de las pretensiones de impunidad de los líderes de la organización criminal.

¿Debe existir participación política después de un proceso de desmovilización, desarme y reinserción? La respuesta es sí. No hay duda que en un proceso de paz pueden crearse partidos y permitir que simpatizantes de la nueva estructura lleguen a cargos de elección popular. Lo que ocurre es que esa elegibilidad política no debería permitirse para responsables de delitos graves o crímenes de lesa humanidad sin haber pasado por un riguroso proceso de investigación y sanción, así sea transicional, donde manifiesten toda la verdad y cumplan con mecanismos confiables de reparación económica, material y moral a sus víctimas.

Si los cabecillas de las Farc llegan a cargos de elección popular en el 2018 sin haber sido investigados y sin haber cumplido penas, así sean alternativas, se habrá consumado la más burda impunidad y el más vil engaño a quienes fueron persuadidos por un gobernante que aseguró justicia como prerrequisito para ejercer la política.

La Corte Constitucional y la Corte Penal Internacional no pueden ser indiferentes a esta grave situación. Por el lado del tribunal constitucional se debe exigir que sin cumplir los principios de sanción efectiva, se habría vulnerado su jurisprudencia. Y por el lado de la CPI, ver a los responsables de graves crímenes internacionales llegar al Congreso sin haber agotado las instancias instructivas y sancionatorias, sería una burda elusión de los principios de proporcionalidad reconocidos en el Estatuto de Roma. Todo esto agregando que las sanciones que imponga la JEP no pueden afectar los derechos políticos de los procesados que sean miembros de las Farc.

Permitir que los jerarcas de las Farc sean elegibles sin que pasen por la justicia es una afrenta a todo un país. Ojalá en lugar de mantener el sigilo el Presidente le diga la verdad al país.

http://m.elcolombiano.com/el-otro-engano-MJ6830691

 

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El gen demagógico

En Colombia, el sector de hidrocarburos representa el 6 por ciento del PIB. 

Los demagogos en política pretenden comer carne y tomar leche de la misma vaca. Su dialéctica es inconsistente y los objetivos que plantean tienen efectos negativos para el país y su desarrollo. 

Hace unos días, en un foro empresarial alguien dijo que, “el fin del petróleo en Colombia” sería la mejor bendición para nuestro futuro. Y aunque esas afirmaciones, en algunos auditorios, pueden despertar aplausos, desconocen lo que le podría pasar al país y su seguridad energética si se convierte en un importador pleno de hidrocarburos. 

Tener petróleo es una gran ventaja para un país que requiere saberla manejar. En Colombia, el sector de hidrocarburos representa el 6 por ciento del PIB, más del 48% de las exportaciones, una fuente importante de la Inversión Extranjera Directa y un nicho que demanda en bienes y servicios cerca de 35 billones de la economía nacional cada año, además de ser, como ramo, uno de los mayores contribuyentes tributarios. Sustituir un actor de esta relevancia no es fácil y pedir a Dios no tenerlo es una torpeza monumental. 

¿Qué ha pasado, entonces, con el petróleo en Colombia y por qué piden algunos demagogos no tenerlo? El problema en el país no es el petróleo. Saberlo aprovechar significa apelar a la riqueza del subsuelo para atender la pobreza del suelo. Nuestro mal tiene que ver con el uso del mismo. Somos un país con petróleo, pero no un país petrolero, como lo evidencia que tengamos reservas para menos de 6 años y que el 70% de nuestros campos producen menos de mil barriles diarios. 

A pesar de esta realidad el Gobierno expandió los gastos permanentes del Estado, basados en bonanzas transitorias de precios, y ante la caída de las cotizaciones, se descuadraron las cifras fiscales y, lo peor, se cometió la tontería de sustituir petróleo por impuestos a las empresas y a los consumidores. 

De otro lado, considerando que el petróleo es el 80% de los ingresos por regalías, se cometieron errores imperdonables. La última reforma al Sistema de Regalías le cambio la asignación a las regiones productoras del 80 al 20% en 6 años, despojándolos de una fuente importante de recursos, y no generó una cascada admirable de proyectos en el resto del país, como se pretendía. 

Muchas de las frustraciones del mal uso de los ingresos petroleros han sido empleadas por algunos demagogos para generar un odio sin límites hacia el sector, como si el culpable fuera el producto. Colombia debe aprovechar su potencial de hidrocarburos, previniendo la petróleodependencia fiscal y comercial, y la enfermedad holandesa, con diversificación productiva y exportadora, fortaleciendo los estándares ambientales y sociales, profundizando la interacción con las comunidades, la protección de acuíferos y dejando resultados visibles y estructurales en las regiones productoras y no productoras.

Son muchos los países que exitosamente han logrado combinar petróleo y minería con tecnología, agricultura, industrias creativas y servicios. Colombia necesita diversificar su economía, sus exportaciones y sus mercados de capital. Pero pretender acabar con un sector necesario para la economía, como incitan algunos demagogos, por los problemas de la gestión del Estado. Es tan absurdo como creer que ‘la principal causa del divorcio es el matrimonio’.

http://m.portafolio.co/opinion/ivan-duque-marquez/el-gen-demagogico-507042

 

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Cinco ideas para un país mejor

Colombia tiene muchos retos que definirán su futuro. El país tiene una realidad desigual. Existen lugares que gozan de unas mínimas condiciones de vida y otros donde la calidad de la educación, la salud o inclusive la presencia estable de la justicia y la seguridad son una anhelada aspiración. Nuestras ciudades tienen lugares donde se siente el imperio de la ley y otros donde existen fronteras invisibles dominadas por bandas de peligrosos delincuentes. Esas desigualdades deben ser la base de una agenda nacional donde nos preocupemos por construir un país donde la geografía y el ingreso no sean la predeterminación del destino. Las cinco ideas son legalidad, equidad, capitalismo emprendedor y consciente, innovación y sostenibilidad.

La legalidad implica que pasemos la página de la impunidad que tanto ha imperado en Colombia. Implica que castiguemos al delincuente y que la ley no sea solo para los de ruana. Históricamente los colombianos siempre caemos en procesos de “paz” que encuentran razones para atenuar, amnistiar o hasta premiar graves conductas, que a la larga se convierten en incentivos para nuevas formas de violencia. La legalidad implica que castiguemos el crimen sin discriminar la ideología de los victimarios. El concepto de la legalidad incluye la lucha contra la corrupción, las instituciones independientes y la estabilidad de las reglas de juego para superar el constante manoseo de las normas.

Construir equidad está relacionado con un sistema educativo que pueda nivelar la cancha de la movilidad social, hoy afectada por las carencias de buena nutrición, educación preescolar, jornada única, buena infraestructura y acceso a la universidad, en los sectores de menor ingreso. Lo mismo ocurre con el servicio de salud donde la prevención, la atención domiciliaria, la calidad quirúrgica y el acceso oportuno a medicamentos son una ilusión para quienes están en condiciones vulnerables. Permitir el acceso a la energía eléctrica, al agua potable, a la cultura y al deporte, también hacen parte de ese reto.

Un capitalismo consciente y emprendedor es necesario para mejorar la calidad de vida de los colombianos. Para tener un sistema donde se creen más empresas y se expandan las existentes generando la formalización laboral que permitirá que la mayoría goce de unos ingresos justos y estables. Ese modelo debe estar en armonía con empresas que van más allá de la rentabilidad económica y piensan en la rentabilidad social. La racionalización del gasto público, el crecimiento sostenido de la economía, la estabilidad jurídica, la reducción del costo país, mercados de capital dinámicos, diversificación exportadora y un sistema de simplificación regulatoria hacen parte de este reto.

La innovación debe permitir que llevemos nuevas formas de emprendimiento al campo y que exista mayor alcance de servicios básicos. Que las ciudades sean planeadas para la calidad de vida y que Estado, Mercado y Sociedad Civil se unan en soluciones sostenibles, replicables y escalables. Que apostemos por la economía naranja y que la ciencia y la tecnología se expandan mejorando el acceso a servicios complementarios.

Concebir la sostenibilidad ambiental y social implica que todas nuestras actividades productivas se hagan pensando en la preservación de nuestra biodiversidad y el cuidado de nuestras fuentes hídricas. La sostenibilidad social nos debe conducir a que construyamos empleos formales dignos y estables que generen ingresos y reduzcan desigualdad y nos permitan buscar la felicidad individual.

Colombia necesita pasar las páginas del pasado y entender que si logramos un consenso sobre estas cinco ideas fundamentales estaremos construyendo un futuro para todos.

* Precandidato presidencial CD

http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/cinco-ideas-para-un-pais-mejor-NI6749096

 

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Innovación social para el progreso

Uno de los ejes centrales de la transformación social y económica de Colombia está en darle impulso a la innovación social. El Estado, el sector privado y la sociedad civil deben unirse para encontrar soluciones replicables, escalables y sostenibles que permitan resolver grandes desafíos vinculados con la provisión eficaz de bienes públicos.

 

Colombia debe en consecuencia apostarle a un marco de innovación social cimentado en 10 grandes objetivos:

 

  1. Revolución de las “pequeñas cosas”: integrando soluciones financieras, administrativas y de ingeniería debemos apuntar a lograr al menos una cobertura del 70 por ciento en el acceso a alcantarillado rural durante los próximos 4 años y lograr cobertura universal en energía eléctrica y agua potable. Esta “Revolución de las pequeñas cosas” permitiría asegurar el mayor acceso a los servicios básicos que tienen repercusión inmediata en calidad de vida y en la prevención de enfermedades.

 

  1. Mejor vivienda = mejor calidad de vida: Colombia debe adelantar una agenda integral de mejoramiento de barrios, concentrándose en los lugares de mayor vulnerabilidad. Con mejoras de vías, estructuras, pisos, techos, cocinas y baños acompañadas de titulación se puede incidir en una mejor condición habitacional de carácter estructural. Un programa de 600.000 viviendas mejoradas podría costar cerca de 1.2 billones de pesos en 4 años, lo que es perfectamente financiable.

                          

  1. Bonos de innovación social: Se deben promover vehículos financieros como bonos de innovación social para pagar servicios prestados por organizaciones de la sociedad civil que adelanten planes de trabajo en comunidades vulnerables. Estos bonos podrán ser pagados por el Estado y el Sector Privado con una clara evolución de resultados.

 

  1. Asociaciones solidarias y cooperativas: El concepto de asociaciones solidarias y cooperativas debe ser fortalecido. Esto es vital para el matrimonio de agroindustria y pequeños productores y para garantizar esquemas productivos sostenibles en lugares apartados del país. Estos esquemas deben tener incentivos asociados con la capacidad de generar empleos permanentes.

 

  1. Voluntariado corporativo: Una de las formas de participación y transferencia de conocimiento es el voluntariado. Para eso las empresas deben poder contribuir de manera voluntaria con donación de tiempo de sus empleados y gozar de los beneficios de donación en dinero a organizaciones sin ánimo de lucro, una vez convertido en dinero las horas brindadas.

 

  1. Mejor focalización de los subsidios:  Colombia necesita con urgencia un estatuto de subsidios que asigne mejor el gasto. Hoy nos gastamos cerca de 72 billones de pesos anuales en subsidios sociales y los rubros de mayor asignación, como pensiones están concentrados en los quintiles de mayor ingreso.

 

  1. Una reforma pensional para la sostenibilidad: Colombia necesita una reforma pensional transparente que elimine la competencia entre regímenes y que garantice los subsidios en los segmentos de mayor vulnerabilidad. Una reforma que corrija esa absurda diferenciación hace sostenible financieramente el sistema.

 

  1. Fondo de ingreso mínimo para la equidad: Ante el envejecimiento de la sociedad y las presiones incrementales de mecanismos no contributivos pensionales como Colombia Mayor o los Beneficios Económicos Periódicos –BEPS- necesitamos recursos pre-financiados. Por esto es urgente crear un fondo de ingreso mínimo que se financie de aportes realizados por el Estado equivalente a cada nacimiento en los niveles 1,2 y 3 del SISBEN. Por cada nacimiento se depositan 3 millones de una cuenta en el Ministerio de Hacienda que se administre de manera concursal buscando rentabilidades reales entre el 4 y el 5 por ciento. Al llegar a la edad de jubilación, quien se mantenga por debajo de la línea de pobreza, podrá recibir el equivalente a un salario mínimo mensual. Este Fondo aseguraría una cobertura sostenible en materia pensional a los sectores de mayor riesgo en la movilidad social, de lo contrario las presiones de gasto serían inmanejables.

 

  1. Se fortalecerá el marco normativo para la filantropía: Considerando que Colombia se encuentra por debajo del promedio regional en donaciones per cápita y la urgente necesidad de fortalecer los aportes filantrópicos a causas sociales y culturales, debemos desarrollar mecanismos que motiven estos aportes y permitan ser una fuente para proyectos de impacto.

 

  1. Empresas B para una nueva cultura corporativa: Como país debemos promover las empresas de beneficio e interés colectivo que no solo se conciben para la rentabilidad financiera, sino también para rentabilidad social. Esto implica mejores estándares sociales, ambientales y de gobierno corporativo.

 

Un país que le apuesta a la innovación social le apuesta al futuro. Con esta agenda podemos soñar con programas donde el Estado, el Mercado y la Sociedad Civil, caminan hacia un mismo destino. 

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Democracia e independencia

Para que una democracia funcione necesita verdadera independencia y una real separación de poderes. Si se permite que los poderes públicos estén cooptados, bien sea por otras instituciones o por intereses privados y políticos, lo que se empieza a generar es un marco generalizado de captura de intereses y una afectación irreparable al funcionamiento de la democracia.

Colombia ha tenido una tradición institucional y es necesario hacer correctivos de manera urgente ante los riesgos que estamos viviendo por la invasión de competencias entre poderes o por la fragilidad de instituciones influenciadas por intereses privados y políticos. Por eso debemos pensar en medidas concretas que nos permitan fortalecer las instituciones para el presente y para el futuro del país.

La independencia de los organismos de control debe profundizarse con profesionalización y barreras efectivas contra el clientelismo. Debemos evitar que quienes hayan ocupado la cabeza de los organismos de control puedan aplicar a puestos de elección popular por cuatro años después de dejar el cargo. Así frenaremos la justicia espectáculo.

Es necesario también que exista transparencia en las reuniones entre funcionarios de ramas diferentes del poder público, realizando procedimientos de reporte administrativo y comunicación pública que apliquen de la misma manera entre funcionarios de los organismos de control y de cualquier miembro de otros órganos del Estado.

Los nombramientos en altos cargos públicos (ministros, magistrados, embajadores, etc.) deben ser confirmados mediante procedimientos de audiencia pública en las comisiones constitucionales correspondientes del Senado institucionalizando procesos de transparencia.

Los familiares de magistrados de las Altas Cortes o de congresistas que hayan intervenido en la nominación o en la elección de cabezas de organismo de control no podrán ser nombrados en las entidades de control frente a las cuales participaron o intervinieron. Debemos crear una muralla china entre los poderes públicos.

En el caso de las superintendencias y comisiones de regulación debe existir independencia política, con nombramientos a término de cuatro años, y ojalá con muerte política de cuatro años adicionales para las cabezas de estas entidades. En materia presupuestal deben ser independientes y los recursos de sanciones deben ir a la Nación.

Los candidatos a representación en juntas directivas de empresas publicas deben someter sus hojas de vida al escrutinio público en una plataforma definida por la Presidencia de la República. Sus perfiles profesionales, para cada caso, así como las funciones y los términos, deben definirse mediante una política de Estado que sea totalmente pública.Los nombramientos en el servicio exterior colombiano deben estar libres de clientelismo. Deben ser profesionales calificados académicamente para el desarrollo de las relaciones internacionales del país que lleguen a sus cargos por méritos.

Debemos defender enfoques constructivistas en el ejercicio de la política exterior, sin ser indiferentes para denunciar abusos al derecho internacional por parte de gobiernos que pretenden oprimir a sus pueblos. Nuestra diplomacia debe tener convicciones sustentadas en políticas de Estado. En el ejercicio de una diplomacia profesional, debemos fortalecer el servicio consular, modernizar la carrera diplomática, defender el sistema interamericano y la integración comercial. Las instituciones en Colombia están en cuidados intensivos y, por el bien de la democracia, es necesario tomar medidas urgentes como las anteriores para devolverles su independencia.

*Precandidato del Centro Democrático para 2018.

http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/democracia-e-independencia-AY6706020

 

 

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Protestas y demagogia

Frente a la demagogia que genera exasperación y protesta social, debemos recuperar la confianza de la ciudadanía.

En política, los demagogos son una especie muy peligrosa, principalmente porque suelen prometer lo que a conciencia saben que no van a cumplir. Adicionalmente, los demagogos prefieren apelar a los sentimientos populares para cumplir su objetivo electoral y después configurar o consumar la trampa, generando una amplia frustración en el electorado. 

El gobierno Santos ha sido un claro ejemplo de demagogia. En la campaña del 2010, para ganar puntos, el entonces candidato Juan Manuel Santos dijo que podía escribir en piedra que no subiría los impuestos. Y ya llevamos casi cuatro reformas tributarias. Estas reformas se han traducido en un aumento del impuesto de renta a las empresas, por encima del promedio regional y mundial, y en el incremento del impuesto del IVA en una tarifa que agobia, cada vez más, a la clase media y a los menos favorecidos, sin resolver los problemas de fondo. 

El presidente, también, anunció que tendría cinco locomotoras y, después de siete años, todas parecieran estar fundidas. En el 2014, de cara a su reelección, el mandatario prometió bajar la contribución a la salud de los pensionados del 12 al 4 por ciento. Y hoy no se cansa de decir, en todos los medios, que objetará esa medida promovida en el Congreso de la República. 

Al sector agrícola, después de un paro que el jefe de Estado se negó a reconocer (“el tal paro no existe”), les propuso una gran asignación presupuestal, la cual se redujo sustancialmente para el 2017. 

En la misma campaña, el presidente prometió 300.000 casas gratis para su segunda administración, las cuales se quedarán en letra muerta. Dijo que iba a desmontar el cuatro por mil. Le prometió a Buenaventura infraestructura e inversiones millonarias, y así ocurre con tantos y tantos sectores.

El Gobierno ha prometido que seremos la nación más educada, y el gasto en educación como porcentaje del PIB, que es de 4,6 por ciento, está por debajo del promedio de América Latina. Y la proporción de alumnos por maestro en nuestro país es de 25, mientras que en América Latina es de 16. 

En su estilo demagógico, se les ofrecieron a los maestros importantes aumentos salariales e incentivos para capacitación, ascenso y una remuneración basada en resultados, todos propósitos sin consumar que han detonado en la feroz reacción de los docentes que completan casi un mes de protestas.

Lo grave de todo esto no es solo que se hubieran hecho promesas sin tener claridad cómo se cumplirían, sino que, en el mismo periodo, este gobierno se gastó los recursos de una bonanza petrolera extraordinaria de más de 60 billones de pesos.

Frente a la demagogia que genera exasperación y protesta social, debemos recuperar la confianza de la ciudadanía para entender que las promesas deben ser sustituidas por proyectos financiables, ejecutables y con debida planeación.

La diferencia entre un político demagogo y un político pedagogo es que el demagogo genera frustraciones y el pedagogo lidera un país de cara a un verdadero cambio.

 

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Capitalismo Consciente Vs Populismo

Uno de los grandes males del populismo es que construye una idea de desarrollo donde el protagonista es el Estado. Les encanta la palabra redistribuir y creen que el mejor para crear riqueza y bienestar es el erario público. Por eso los populistas siempre están utilizando frases como “cobrar más a los ricos” y son los primeros en señalar que son los impuestos la base de la construcción de equidad.

La retórica es fácil y capaz de convencer incautos. Nadie desconoce que los impuestos son un mecanismo de reasignación de recursos donde a través del gasto estatal se pueden proveer bienes públicos como educación, seguridad, salud, justicia, etc. Pero no es menos cierto que la asfixia tributaria también tiene la capacidad de afectar y destruir a quienes son los llamados a generar empleos formales y estables: las empresas.

El balance justo está en entender que tanto los impuestos como un buen clima de negocios son capaces de redistribuir y que la generación de empleo a partir del sector privado, es crucial para la movilidad social. Por eso un sistema tributario debe estar asociado con objetivos colectivos como la inversión, el ahorro, la competitividad, la productividad y la formalización.

Desafortunadamente en Colombia el sistema tributario desincentiva el ahorro, la inversión, la formalización y lo que es peor, el emprendimiento. No nos engañemos, la retórica del emprendimiento o el empresarismo choca de manera frontal con una cruda realidad donde tenemos una tarifa de impuesto de renta corporativo que está por encima del promedio mundial y el promedio de la OCDE. En adición existe una renta presuntiva alta, las devoluciones de impuestos son interminables y los trámites para el desarrollo de negocios miran siempre con sospecha al empresario. Si a esto le agregamos que tenemos una tarifa del IVA que incentiva el contrabando y donde no hay diferenciación de tarifas corporativas según el tamaño de las empresas, podemos decir que el emprendimiento es un “deporte de alto riesgo” en Colombia.

¿Qué tenemos que hacer como país? Sencillo, hagamos del emprendimiento y el desarrollo del sector empresarial un verdadero objetivo nacional. Apliquemos medidas urgentes y no sintamos vergüenza de defender un modelo de Capitalismo Consciente donde se unan los principios de bienestar corporativo y bienestar social.

Necesitamos diferenciar las tarifas de renta corporativa según el tamaño de las empresas desde las micro hasta las grandes, al igual que hacer una reducción de tarifas que sea competitiva para atraer la inversión. El régimen de exenciones debe a su vez premiar la generación de empleos formales permanentes y crear una ventanilla única de comercio y emprendimiento que aliviane los trámites y los costos de hacer negocios en Colombia.

Si queremos generar bienestar en la sociedad debemos celebrar, estimular y premiar el emprendimiento. Un país que crea riqueza emprendedora genera empleos formales y los empleos formales generan ingresos permanentes y reducen progresivamente la desigualdad.

Se deben incrementar los recursos y la capacidad de transferencia técnica de los Fondos Innpulsa y Emprender, darle a Bancoldex un mayor alcance como banco de desarrollo y fomento empresarial, y crear un mejor entorno regulatorio para fondos privados de emprendimiento. Es urgente tener una regulación que facilite las plataformas digitales de emprendimiento colaborativo, el crowdfunding y el desarrollo de las Empresas B que integran exitosamente la rentabilidad financiera con rentabilidad social y ambiental.

Los populistas quieren cobrar más impuestos y dar todo gratis. Ese modelo destruye el capital económico y humano, además de ser insostenible. El balance debe estar en un modelo donde Estado, Mercado y Sociedad Civil le apuesten a un capitalismo consciente en el que se recauden impuestos, las empresas progresen y el desarrollo empresarial contribuya al bienestar colectivo.

http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/capitalismo-consciente-vs-populismo-GF6667338

 

 

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Diez elementos para la recuperación económica

La economía del país no va por buen camino. Colombia debe actuar ante la situación económica que vivimos para no sufrir males mayores.

La economía colombiana no va por buen camino. En el primer trimestre del año experimentamos el peor crecimiento de los últimos 15 años, y en el 2016 cerramos con el peor desempeño desde la crisis internacional del 2009. La confianza industrial y la del consumidor están deterioradas, la asfixia tributaria golpea a los generadores de empleos formales, el déficit fiscal es cercano al 4 por ciento del PIB, y tanto la inversión extranjera directa como la balanza comercial se han venido deteriorando.

Tenemos que proponerle a Colombia una clara agenda de recuperación económica que evalúe los aspectos fiscales, de clima de negocios, competitividad, inversión y generación de empleo. La agenda de recuperación debe estar sustentada en 10 elementos concretos que se apliquen como una carta de navegación en los próximos cuatro años. 

1.Eliminación de gastos innecesarios y mejor focalización: hoy el 60 por ciento del presupuesto de inversión no corresponde a gastos económicamente productivos, lo que amerita una rápida mejora en la clasificación de gastos. Del mismo modo son aberrantes los gastos de los últimos años en publicidad y eventos, al igual que la expansión desmedida en nóminas y contratos. Los gastos innecesarios deben terminar y se deben introducir mejores mecanismos de presupuestos de funcionamiento condicionados por el desempeño de las entidades públicas. También urge la aprobación de un estatuto nacional de subsidios que mejore la focalización y asignación del gasto a los más vulnerables. 

2.Reducción de trámites y obstáculos: el Estado debe mejorar la prestación de servicios a los empresarios e inversionistas con reglas de juego transparentes asociadas a mejorar su desempeño. Las excesivas demoras en devoluciones de impuestos, los elevados anticipos tributarios, el empleo de la anacrónica figura de la renta presuntiva, las demoras en los certificados de buenas prácticas de manufactura, la ausencia de ventanillas únicas de trámites para muchos sectores estratégicos, deben ser corregidas de inmediato. Por supuesto, debe asegurarse la estabilidad jurídica para el desarrollo de negocios.

3.Simplificación tributaria y reducción de impuestos: Colombia tiene hoy una tarifa de renta corporativa que está por encima del promedio regional, el promedio mundial y el promedio de la Ocde. Esas tarifas en un entorno de desaceleración están teniendo efectos negativos. Debemos reducir las tarifas corporativas a niveles competitivos, disminuir impuestos al consumo mediante la ampliación de bases y mecanismos de devolución a los sectores más vulnerables. Desde luego, el Estatuto tributario debe ser más simple y con menos complejidad para permitir la facilidad en la presentación efectiva de declaraciones.

4.Incentivos a la inversión: Colombia debe recuperar altos niveles de inversión en sectores tan importantes como el industrial, agroindustrial, minero energético, turismo y los de valor agregado tecnológico. El país, hoy, debe hacer una reingeniería a las exenciones tributarias, pero debe mantener incentivos a la inversión que se traduzcan en generación de empleos formales permanentes.

5.Reducir la evasión de impuestos de renta e IVA: el fortalecimiento de la Dian debe tener como objetivo mejorar la fiscalización. Para ello, el empleo de la factura electrónica, la mayor densidad de funcionarios de fiscalización y la presencia regional de la Dian deben tener como meta mínima la reducción en 50 por ciento de la evasión en los dos impuestos de mayor recaudo.

6.Diversificación exportadora: Colombia debe tener un mejor aprovechamiento de los tratados de libre comercio y diversificar los productos y aumentar el número de empresas que llegan a esos mercados. Para ello se debe fortalecer el papel real de Pro-Colombia y dar más facilidades a pequeños y medianos exportadores. 

7.Desarrollo de los mercados de capital: debemos incentivar que más empresas puedan llegar a la bolsa, y que más ciudadanos accedan con reglas de juego claras y beneficios transparentes a la adquisición de productos de renta variable. Hoy, con menos de 80 empresas listadas y menos de 10 que transen más de 5 millones de dólares diarios estamos por debajo de países comparables en la región. 

8.Reducción del costo país: en un entorno competitivo debemos corregir las fallas que hacen el país un lugar con altos costos de energía y desempeño logístico. Los marcos regulatorios deben apuntar a este propósito. 

9.Realinear la regla fiscal: este compromiso debe cumplirse, pero en condiciones progresivas acordes con los cambios estructurales que hemos vivido. Por eso es necesario redefinir plazos y esterilizar parte de los ingresos petroleros generando ahorros estructurales.

10.Apostar por las cadenas de valor y la transformación productiva: Colombia debe tener una política de industrialización y transformación productiva que fortalezca las cadenas de valor para el consumo interno y el internacional. Los vínculos de universidad y empresa, el acceso crédito de largo plazo, la facilidad para la importación de bienes de capital y las facilidades para ciencia, tecnología e innovación son determinantes.

Colombia debe actuar ante la situación económica que vivimos para no sufrir males mayores. Con estas diez propuestas debemos iniciar un cambio estructural hacia un modelo donde nos destaquemos por la generación de empleos formales y la formación bruta de capital.

 

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